La ley de desahucios española vulnera las normas europeas de Consumo

COMENTARIO A LA STJUE DE 14 DE MARZO DE 2013

En la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013, en el asunto C-415-11, se viene a declarar por el TJUE un aspecto, o una serie de artículos enmarcados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que mantienen al deudor ejecutado en una evidente situación de indefensión, una circunstancia que si bien había sido ya anteriormente comentada por numerosos autores, no ha sido hasta ahora, y con esta resolución, cuando, en cierta medida, se nos obliga a hacer un importante cambio en nuestra normativa nacional. Así pues, a lo largo de la Sentencia, se realiza una interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con al capítulo V del título IV del libro III de la LEC, arts. 681 a 698 sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria.

 

El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona, ante las dudas que le planteaba la conformidad del Derecho español con el marco jurídico de la citada Directiva, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales.

Reitera, inicialmente de nuevo el TJUE, que el juez nacional está obligado, en virtud de la jurisprudencia del TJUE, “a apreciar de oficio el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello”.

 

La PRIMERA DELAS CUESTIONES PREJUDICIALES que se plantean, es en relación a poner en “tela de juicio” el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados  o pignorados, establecido en el art. 695 y ss. LEC, y si el mismo conlleva o no una limitación de la tutela del consumidor en cuanto supone formal y materialmente una obstaculización al mismo para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos, todo ello atendiendo a las limitaciones que plantea dicho sistema de ejecución respecto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español.

Hemos de recordar de inmediato, tal y como lo hace el propio TJUE, que “el sistema de protección que establece la Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información”.

 

Es ciertamente constatable, y así se ha venido desarrollando hasta la actualidad, que en base al sistema procesal español se prohíbe al juez que conoce de un proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria, adoptar medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de su decisión final. Y ello tanto si la cláusula resulta contraria al orden público o incluso manifiestamente abusiva.

 

Así pues, el actual art. 695 LEC, en los procedimientos de ejecución hipotecaria sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando la misma se funde en una de las causas siguientes: en la extinción de la garantía u obligación garantizada, en error de la determinación de la cantidad exigible, o bien en la sujeción a otra prenda o hipoteca inscritas con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento.

 

Por su parte, art. 698 LEC, cualquier otra reclamación que el deudor pueda formular, incluso las relativas a nulidad del título, se ventilarán en el juicio que corresponda sin producir nunca efectos de suspensión del procedimiento.

 

¿Y qué conclusión extraemos de ello? Pues en base a lo expuesto, en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado, adquiere siempre carácter irreversible, y ello será siempre así incluso en el supuesto de que exista un posible cláusula abusiva que haya sido impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo, lo que conllevaría la posible nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria.

 

El supuesto parece bastante evidente, a pesar de la relativa extensa vigencia que ha tenido, aun más si cabe, acentuado por las circunstancias de los últimos años. Es decir, un régimen procesal como el que tenemos, y que a fecha de redacción de este artículo sigue vigente, el juez que conozca del proceso declarativo, al que se haya acudido, por ejemplo, por pretender el deudor la declaración de abusividad de una de las cláusulas del contrato bancario, dicho juez no tiene posibilidad alguna de adoptar medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, incluso aunque dichas medidas resulten necesarias para garantizar la plena eficacia de su propia decisión final.

 

Así pues, nos encontramos con la pluralidad de supuestos que se han podido ver afectados por esta deficiente legislación. Una persona contra la que se inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria, la cual estima, debidamente asesorada, que el contrato suscrito con la entidad bancaria contiene una o varias cláusulas abusivas, en base a lo cual ha de acudir necesariamente a un proceso declarativo, ya que en el de ejecución hipotecaria existen solo una serie de supuestos tasados de oposición, entre los que no se recoge éste de abusividad de la cláusula. Y no es sólo que haya de acudir a otro proceso para que se declare la abusividad de la cláusula, sino que además este Juez que conoce del asunto, no podrá tomar medidas cautelares para garantizar la eficacia de su decisión final. Ello, sumado a que la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado, adquiere siempre carácter irreversible.

 

El resultado de todo este arduo proceder es que si finalmente se declara la abusividad de una o varias cláusulas del contrato, y con ello la nulidad del procedimiento de ejecución, el afectado ya habría sido desahuciado de la que, posiblemente, hubiera sido su vivienda habitual, y no tenga ni tan siquiera, posibilidad de recuperarla. Solo podrá optar a posteriori a una indemnización, que no es, en palabras del TJUE, un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, contraviniendo el propio art. 7.1 Directiva 93/13. Nos encontramos pues, ante un menoscabo de la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva, y que como bien es sabido, es jerárquicamente superior a cualquier legislación nacional.

De manera incondicional, el TJUE declara que la normativa del Estado español en esta materia contraviene la Directiva, en tanto que ni prevé, dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de oposición en base a la abusividad de una cláusula contractual, ni permite que el juez que conozca del proceso declarativo, relativo a la apreciación de la abusividad de la cláusula, pueda adoptar medidas cautelares tendentes, por ejemplo, a la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.    

 

En lo que respecta a la SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA, el órgano jurisdiccional remitente solicita fundamentalmente precisar los elementos constitutivos del concepto de “cláusula abusiva”, concretamente en relación con el art. 3.1, 3.3 y Anexo de la Directiva. En relación a ello, el TJUE dispone que el art. 3.1 Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, el concepto de “desequilibrio importante” en detrimento del consumidor debe apreciarse en base a un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes y en ese sentido se deberá apreciar si el concreto contrato establece para el consumidor una situación jurídica menos favorable que la que le pudiera corresponder en base al Derecho nacional vigente. Para ello, se deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, la situación jurídica en que se encuentra dicho consumidor en relación a los medios que la normativa estatal le posibilita. Por su parte, con respecto a la apreciación de si tal desequilibrio se produce “pese a las exigencias de la buena fe”, determina el TJUE, que habría que comprobar si el consumidor aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual. A ello habría que añadir lo establecido por el artículo 4.1 de la misma Directiva, el cual hace hincapié en la necesidad e importancia de atender a la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando todas las circunstancias que concurran en el momento de celebración del contrato, para así llegar a determinar el carácter abusivo de una cláusula contractual, ante lo cual consideramos como aspecto importante a tener en cuenta a la hora de dicha calificación, el sistema jurídico nacional, y la vinculación de la cláusula en cuestión con el Derecho aplicable al contrato.

Por su parte, se pronuncia el TJUE, en relación al art. 3.3 Directiva 93/13, para determinar que el anexo al que dicho artículo se remite contiene una lista meramente indicativa, y no exhaustiva, de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, es decir, no se trata de un “númerus clausus”, existiendo abundante doctrina y jurisprudencia que se ha pronunciado al respecto. Estamos en el supuesto de lo que algunos autores han calificado como la “lista negra” de las cláusulas abusivas.

Y si este es el pronunciamiento que con carácter general realiza el TJUE del concepto “cláusula abusiva”, no es menos importante y determinante a los efectos de interés para los letrados, la apreciación que el mismo hace de las concretas cláusulas sobre las que se pronuncia en relación al contrato de préstamo hipotecario del que deriva esta cuestión prejudicial.

 

En concreto, y sobre la cláusula relativa al “VENCIMIENTO ANTICIPADO EN LOS CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN por incumplimientos del deudor en un período limitado”. Establece que será el juez en cuestión el que deberá comprobar si esa facultad del profesional depende de que el consumidor haya incumplido una obligación esencial, si dicha facultad está prevista para los casos en que el incumplimiento tiene un carácter suficientemente grave en relación a duración y cuantía, si dicha facultad es una excepción a las normas aplicables en la materia, así como si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor poner remedio a los efectos de dicho vencimiento anticipado del préstamo, cuestión esta última que como tenemos ocasión de apreciar en el articulado referente a la materia, no deja posibilidad de oposición alguna al consumidor.

 

En relación a la cláusula relativa a la FIJACIÓN DE INTERESES DE DEMORA, dispone el TJUE que el juez remitente deberá atender a las normas nacionales supletorias aplicables a falta de pacto en el contrato celebrado, así como relacionar el tipo de interés de demora fijado con el tipo de interés legal a fin de verificar que es adecuado y necesario para garantizar la realización de los objetivos que se persiguen con el mismo en dicho estado miembro, es decir, tendríamos que acudir a un principio de proporcionalidad. Arts. 3.1 y 4.1 de la Directiva, en relación con 1.e Anexo. No olvidemos tampoco, que se ha de ofrecer garantías a la entidad bancaria, pues sin dicha garantía, no se ofrecerían créditos y conllevaría una paralización del mercado.

Y ¿hacia dónde vamos? Inevitablemente, hacia una reforma legislativa. El carácter de superioridad jerárquica de la Directiva europea sobre la normativa nacional, y concretamente sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, navega hacia una necesaria reforma que adecue la legislación nacional al verdadero carácter de la Directiva, de protección del deudor como parte débil.

 

Otro tema, no carente de cierta relación con lo tratado en esta sentencia, es el de la POSIBILIDAD DE LA DACIÓN EN PAGO, y su carácter controvertido, cuanto menos. Es constatable como actualmente, numerosas entidades bancarias se niegan a la dación en pago en base a que el inmueble no cubre el importe del préstamo concedido. No obstante, el carácter “real” debería llevar a pensar que el inmueble en sí es el que garantiza la deuda, tal y como ocurre en otros derechos y garantías de tal índole para los que no se ofrece el mismo tratamiento, en cuanto a devaluación, que se ofrece a los inmuebles.

 

Es decir, aquí nos encontramos con una desproporción evidente y manifiesta entre la entidad bancaria, y la parte débil, el deudor. Si bien dichas entidades se aferran a la devaluación del inmueble como razón para negar la dación en pago, el cliente, en cambio, ha de hacer frente a la deuda íntegra, con independencia de que el bien que garantiza la deuda esté o no devaluado. Esta circunstancia vulnera, y se ve afectada directamente, por el art. 87 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en tanto que no existe equidad alguna entre las partes contratantes, evidenciándose una clara situación ventajosa hacia la entidad bancaria en detrimento del deudor, considerado como parte débil. Dentro de dicho artículo, podríamos encuadrar el supuesto en el propio encabezamiento del artículo, en tanto que la lista que se ofrece no es un “numerus clausus”, sino que queda abierta, disponiendo dicho encabezamiento lo siguiente: “Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario”. Es evidente que el supuesto de la negación a la dación en pago pueda encontrar cobijo dentro de este artículo 87 para defender dicha negativa como desproporcionada y vulnerada de dicho artículo, en tanto que no trata de igual medida a ambas partes del contrato.

 

Autor del Artículo:  Manuel García Mayo.

       Abogado Colaborador en 3 Báez Abogados

 

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Comentarios: 2
  • #1

    Carlos (domingo, 12 mayo 2013 13:34)

    qué vergüenza, así nos va!!!

  • #2

    José (lunes, 13 mayo 2013 13:18)

    Pues si, esto es una vergüenza, vivimos en el un país rico en muchas cosas sobre todo en rateros y estafadores, lo peor de todo esto es que ahora el culpable de esto (porque todo en esta vida tiene un responsable)se va de rositas...